Así lo han hecho durante el X Congreso Estatal de CERMIS Autonómicos, que tiene lugar en Pamplona, organizado por el CERMI Estatal y el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CORMIN), bajo el lema ‘Territorios de inclusión. Construyendo un nuevo relato para la discapacidad’.

 

Entre otras propuestas, se ha debatido sobre la puesta en marcha de comisiones parlamentarias de discapacidad para un seguimiento del cumplimiento de los programas electorales, la creación de un observatorio que recoja todas las normativas que se aprueben a nivel territorial para poder hacer este seguimiento o el fomento de los consejos de la discapacidad en los ayuntamientos.

 

 

También durante la jornada se han abordado las ‘Nuevas orientaciones legislativas en materia de discapacidad en los territorios’. 

 

Durante el desarrollo de esta mesa, Juan José García Ferrer, director general de Atención a Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes de la Junta de Castilla-La Mancha, se ha referido al marco normativo referente a las personas con discapacidad en su comunidad y en concreto al Proyecto de Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad que contempla la discapacidad, según ha puntualizado, como una materia transversal, e introduce mecanismos de control y un régimen sancionador. “No hay derechos de las personas con discapacidad si no hay obligación de otros de respetarlos”, ha subrayado.

 

Así, ha puesto en valor, en el marco de este anteproyecto, el establecimiento de garantías de participación de las entidades del movimiento asociativo incorporadas, por primera vez, con rango legal y que esta normativa contemple el fomento del sistema de arbitraje, el establecimiento de modelos de capacitación socio-laboral, o la defensa de los derechos de las personas con discapacidad como consumidores.

 

Carmen Orgeira Naya, subdirectora general de Promoción de Autonomía Personal y Prevención de Dependencia Secretaría General de Política Social Consejería de Trabajo e Bienestar de la Xunta de Galicia, ha señalado dentro de la normativa que afecta a las personas con discapacidad en Galicia el decreto que regula la creación de la red gallega de atención temprana y el decreto que regula el servicio de apoyo a la movilidad personal, “para que las personas puedan llevar una vida normal pero desde la inclusión”, así como el proyecto de ley de accesibilidad de Galicia, que está en fase de enmiendas, y que ha confiado en que será parte fundamental del desarrollo legislativo en Galicia. 

 

En este sentido, Gonzalo Rivas Rubiales, director General de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, se ha referido a retos como la aprobación de un decreto que organice competencias en torno a la atención temprana, o el cumplimiento de un código ético referente a la imagen de las personas con discapacidad. 

 

 

También durante esta jornada se ha abordado la figura del concierto social y los nuevos modelos de gestión de los servicios sociales de apoyo a las personas con discapacidad haciendo hincapié en la necesidad de la colaboración público/social. Así, representantes de distintos CERMIS Autonómicos como el de Islas Baleares, Asturias o País vasco han aportado sus experiencias en este ámbito.  

 

El representante de Edeka ha señalado, en este sentido, que los logros alcanzados en las últimas décadas, así como la vocación de universalidad del alcance de las prestaciones y servicios, han llevado a establecer fórmulas de colaboración entre las Administraciones y las entidades, como la concertación o los convenios marco de colaboración, para atender las necesidades emergentes.

 

Por su parte, el CERMI Asturias ha puesto en valor los conciertos sociales como vía para la gestión de servicios y ha puesto como ejemplo el recurso asturiano de los Centros de Apoyo a la Integración para la atención y formación de personas adultas con discapacidad a través de planes de atención especializados.

 

 

Mónica Aguado, abogada y asesora del CERMI Comunidad Valenciana, ha explicado el proceso jurídico que llevó hace unos días al Tribunal Superior de Justicia valenciano a anular el decreto del Consell que establece el copago de servicios sociales para personas mayores y personas con discapacidad, estimando el recurso presentado por el CERMI CV contra el Decreto 113/2013, de 2 de agosto, del Ejecutivo autonómico.

 

Aguado ha asegurado que desde el CERMI CV se intentó sin éxito el diálogo con la Generalitat y ha considerado que “se ha roto una barrera con esta sentencia y la Administración se ha dado cuenta que el colectivo está dispuesto a luchar hasta el final por sus derechos”.

 

Además, ha agradecido el respaldo durante una lucha de dos años de los medios de comunicación, “que asumieron el gravísimo riesgo al que estaban avocadas las personas con discapacidad”.